LA CONCEJALA DE PROTECCIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, SANDRA GÓMEZ, HA ADELANTADO HOY QUE LOS SERVICIOS JURÍDICOS ESTÁN ANALIZANDO LOS POSIBLES INDICIOS DE CRIMINALIDAD
28 de junio de 2016.- La concejala de Protección Ciudadana, Sandra Gómez, anunció ayer que el Ayuntamiento está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales contra la empresa concesionaria de la anterior adjudicataria del servicio de retirada de vehículos de la vía pública, la grúa, ante los posibles indicios de criminalidad que se han detectado.
La Junta de Gobierno Local ha aprobado la propuesta de las concejalías de Hacienda y de Protección Ciudadana de estudiar la posibilidad de emprender acciones penales contra la anterior contrata de la grúa al detectar las presuntas irregularidades en el funcionamiento y la gestión del servicio por parte de la empresa Cleop, anterior adjudicataria. Tal como ha asegurado la concejala Sandra Gómez, “dichas acciones han causado presuntamente un perjuicio directo a las arcas públicas municipales, y una vez pasado un tiempo prudencial desde que se acabó la contrata, hemos acordado analizar si procede iniciar acciones legales contra la firma”.
La Asesoria Jurídica Municipal, el Servicio Económico-Presupuestario, la Tesorería Municipal y la Intervención Municipal van a realizar este estudio dirigido a establecer si conviene iniciar esas acciones legales. “Los representantes publicos debemos vigilar y velar por el interés general y emprender las acciones legales que sean necesarias para recuperar el dinero público”, ha afirmado Gómez..
LA GESTIÓN DE LA ORA
Por otra parte, la Junta de Gobierno ha acordado también prorrogar una semana la decisión sobre la gestión de la contrata de la regulación del aparcamiento en vía pública, la ORA. El concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha recordado que dicho contrato se tramitó el año pasado casi al final de la legislatura anterior, y bajo unas premisas que no apostaban ni por la participación de la ciudadanía ni por un diseño de ciudad acorde a los nuevos modelos de movilidad.
Dicho contrato preveía, por ejemplo, adecuar 10.500 plazas más de zona azul en la ciudad, “sin un estudio previo que determinara sus características, su finalidad, o las necesidades de la población”, ha denunciado el edil, quien ha denunciado que “se privilegiaba más el interés de las empresas que el de los vecinos y vecinas”. Grezzi ha defendido la necesidad de que la gestión del espacio público se asiente sobre un debate público, un plan participativo y una determinada filosofía de la gestión de la movilidad del aparcamiento en superficie.
El concejal se ha referido también a “cuestiones muy graves que se habían planteado en el anterior contrato, como que hay parquímetros con un precio de mercado por encima de los 2.000 euros, que resulta que ha pagado el municipio, pero que después de amortizados se los llevaba la contrata”. “Esto estaba también en esta licitación pública y no podíamos permitirlo”, ha asegurado.
LIMPIAR LA CORRUPCIÓN
Finalmente, la Junta de Gobierno Local ha aprobado restablecer al Grupo Municipal Popular la posibilidad de volver a disponer de sus asesores investigados por blanqueo de capitales en el municipio en el marco del denominado Caso Taula. Tal como se ha expresado desde el Equipo de Gobierno, “el Ayuntamiento ha hecho hasta donde ha podido para limpiar la institución: ahora ya es hora de que Rajoy y Bonig actúen y cumplan su palabra de limpiar las instituciones de su propia corrupción, a no ser que quieran continuar siendo cómplices de un caso tan escandaloso en el que los propios investigados reconocen que se trata de ‘corrupción política total’, y explican con todo lujo de detalles como hacer supuestas ‘mordidas”.
Fuente: Ayuntamiento de Valencia
Fotografía: Ayuntamiento de Valencia
