- LA ASOCIACIÓN ATUC PIDE UN CONTRATO PROGRAMA ESPECÍFICO PARA LAS CIUDADES DE MÁS DE 500.000 HABITANTES ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN TAMBIÉN MÁLAGA, SEVILLA Y ZARAGOZA
- ES UNA DE LAS MEDIDAS A INCLUIR EN LA LEY DE FINANCIACIÓN ESTATAL QUE RECLAMA AL GOBIERNO Y DE LA QUE ESPAÑA CARECE, SIENDO LA EXCEPCIÓN EN EUROPA
4.2.2.017.- Cuanto más grande es un municipio, más complejo es atender las necesidades de movilidad de sus ciudadanos. Para estos casos, el transporte público se financia mediante un contrato programa, como el que tiene Madrid y Barcelona (y Canarias), que cuentan con varios medios de transporte alternativos (autobús, metro y tranvía) que hacen más costosa la financiación del sistema. Sin embargo, para la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC), que agrupa entre otras a EMT de Valencia, este mismo mecanismo debería utilizarse para financiar el transporte urbano en las ciudades con más de 500.000 habitantes entre las que se encuentra Valencia, así como Málaga, Sevilla y Zaragoza.
Estos contratos programa detallarían los planes de desarrollo del sistema de transporte público, así como sus posibles ampliaciones, determinando las aportaciones financieras de las administraciones para su gestión y para financiar su infraestructura. De momento, Madrid, Barcelona y Canarias se benefician de este mecanismo de financiación, que obviamente incluye más fondos al tratarse de sistemas más extensos.
A incluir en la Ley de Financiación
ATUC recuerda que extender a las ciudades españolas con más de 500.000 habitantes el contrato programa como mecanismo de financiación es uno de los puntos que una futura Ley de Financiación estatal del transporte público debería incluir, una deuda histórica que los operadores del transporte público piden al Gobierno salde en esta legislatura.
Esta ley, que sí existe en el resto de Europa, vendría a establecer un marco de financiación, fijando las obligaciones, competencias y aportaciones de todas y cada una de las administraciones, pero también a determinar qué costes se repercuten en las tarifas y bajo qué criterio. Y es que el sistema de transporte público se financia aproximadamente en un 50% por los ingresos de los billetes, pero el resto se costea con aportaciones públicas.
Entre otros puntos a incluir también, la ley permitiría poner orden a las cada vez más frecuentes medidas de corte social de reducción o bonificación de las tarifas (ancianos, niños, desempleados, etc.) que cada administración decide por su cuenta, dejando claro que el coste debe ser asumido por la entidad responsable de poner en marcha la medida, siempre mediante el correspondiente convenio.
Además, para ATUC, el sistema de financiación actual no es homogéneo, un equilibrio que se conseguiría con esta ley estatal, corrigiendo así desequilibrios como que haya ciudades que apenas reciben 0,05 euros por habitante, y otras en cambio superan los 20 euros.
Según el secretario general de ATUC, Jesús Herrero, “a día de hoy, salvo los contratos programa que tiene el Estado con las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, y con Canarias, no existe una norma común que dote de previsión y estabilidad la gestión del transporte urbano colectivo. Es necesario por tanto fijar un sistema de financiación claro, entendible y unificado, y que permita conocer las aportaciones a medio y largo plazo a cada municipio”.
Fuente: ATUC
Fotografías: ATUC y EMT Valencia
